Autor: Ignacio Solsona viernes, 6 de abril de 2018

Abogado Laboralista en Castellón. Telf. 662061250

Puede ocurrir que la empresa sufra una circunstancia imprevisible, de importantes consecuencias, como un incendio, un terremoto, inundaciones, o cualquier otra catástrofe, que le impida continuar con su actividad económica. No es habitual, pero sí es posible (recordemos el incendio de la fábrica El Pozo en Murcia en abril de 2016). También se ha considerado fuerza mayor, la suspensión sobrevenida de un concurso público de la Administración, que deja a la empresa adjudicataria sin actividad.

Estas circunstancias pueden obligar a la empresa a efectuar despidos por fuerza mayor, que vienen indemnizados a razón de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades, como si de un despido objetivo se tratase.

Sin embargo, no se ha considerado la existencia de fuerza mayor en casos de fin de arrendamiento del local de negocio, o parada biológica de la actividad pesquera, por considerarse situaciones previsibles con antelación.

En este artículo veremos como se articula el pago de indemnizaciones en casos de extinción de contratos por fuerza mayor.

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Responsabilidad de FOGASA

Cuando esto ocurre, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), debe abonar la indemnización a los trabajadores, siendo requisito previo, un informe de la autoridad laboral que constate que en efecto, se han dado circunstancias de fuerza mayor que legitiman el despido por estas causa.

La responsabilidad de FOGASA puede ser subsidiaria o directa. Si la autoridad laboral constata la existencia de la fuerza mayor, puede acordar que FOGASA abone directamente a los trabajadores la indemnización que les corresponda; eso sí, con los límites habituales (los mismos que se aplican en caso de insolvencia), que en este caso, solo afectarían en relación a la cuantía del salario, que no puede ser superior al doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), respondiendo el empresario de la diferencia.

En estos casos de responsabilidad directa, el trabajador no tiene que hacer nada, puesto que la empresa se dirige a la autoridad laboral, y ésta remite de oficio el expediente a FOGASA y este paga su indemnización, a diferencia de lo que ocurre en casos de responsabilidad subsidiaria (es decir, cuando FOGASA paga en caso de insolvencia empresarial o concurso de acreedores de la empresa) que corresponde solicitar al trabajador.

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